Una inclusión que excluye

¿Somos conscientes del dinero invertido en educación, hoy por hoy, en nuestro país?

Alrededor del 6,5% del Producto Bruto Interno Nacional está destinado a la educación en todos los niveles y gran parte a la educación superior, lo que debería arrojar resultados realmente alentadores. Pero esto no sucede.

Voy a centrar mi análisis en la formación universitaria. Según estudios realizados por la CEA (Centro de estudios de la educación argentina, con asiento en la Universidad de Belgrano), sólo 27 de cada 100 alumnos ingresantes en las universidades de todo el país culminan con la carrera elegida en un tiempo medianamente adecuado.

Entre los principales factores que generan este porcentaje alarmante se encuentran la necesidad de trabajar o el solo hecho de hacerlo para generar una sensación de independencia, la falta de información, el desinterés o simplemente la falta de conciencia.

Soy estudiante y mi objetivo es aprovechar al máximo la posibilidad de capacitarme para encarar como ingeniero industrial un proyecto que dé fin a esta problemática, en pos de un futuro colmado de profesionales.

La propuesta directa consiste en un sistema de autopago financiado por el Estado.

¿A dónde quiero llegar con esto?

Como todos sabemos, a diferencia de otros países, en Argentina existe educación gratuita a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional y, además de gratuita, reconocida a nivel mundial; un beneficio que no está siendo explotado debidamente.

A mediados del año pasado, cada graduado universitario le costaba al gobierno aproximadamente $ 200.000 (profesores, instalaciones, becas, etc.). Lo llamativo no es esta cifra sideral sino la bajísima proporción de graduados con respecto al total de personas en las aulas. En el trienio 2005-2007 ingresaron a las distintas universidades nacionales estatales un total de 885.000 personas, pero en el período de 2010-2012 se graduaron tan sólo 206.000.

Entonces me pregunto, ¿Qué está pasando?

La idea de este sistema, es que cada estudiante una vez graduado y completamente establecido en el mundo profesional con un trabajo estable fruto de su sacrificio, le devuelva al Estado la inversión realizada por el mismo para su formación.

Desmembrando la cifra citada anteriormente se deduce que cada estudiante se lleva por año cerca de $ 30.000 del capital de nuestro país. Es decir, que mientras más largo sea el tiempo de permanencia en la universidad, mayores serán los costos y menor el número de personas profesionalmente capacitadas.

Ahora, si se obliga a cada ciudadano egresado de una universidad nacional pública a realizar aportes por su formación superior, indudablemente nos encontraremos con estudiantes mucho más comprometidos. De manera que, además de aporte jubilatorio, impuesto a la ganancia en caso de encontrarse afectado por el mismo, obra social si trabaja en una entidad pública, etcétera, cada profesional “devolverá” al Estado paulatinamente y de manera parcial, lo invertido en su educación universitaria. Al decir “devolverá” estoy haciendo referencia al hecho de que este dinero se destinará a la educación universitaria de generaciones futuras.

Si bien se trata de un proyecto a largo plazo, no es imposible de concretar. En Estados Unidos funciona un sistema de préstamos en el que el país se hace cargo de los gastos ocasionados por la preparación universitaria de ciertos estudiantes que no tienen la posibilidad de acceder a la misma por sus propios medios, con resultados para nada malos.

Su implementación acarrearía consigo una rotunda mejora en el índice académico que relaciona estudiantes ingresantes con profesionales egresados, además de menguar la brecha existente entre los dos sucesos si consideramos que cuanto más sean los años que caminen por los pasillos de las facultades el aporte incrementaría su valor. Al mismo tiempo que mejoraría con creces el presupuesto nacional, dando lugar a una reestructuración impositiva que beneficiaría a la sociedad en su totalidad, pero por sobre todo a la clase media que hoy en día se encuentra estancada de manera significativa por los elevados impuestos a los que se ve sometida.

Estamos viviendo una realidad absurda, es paradójico pensar que un beneficio tan valioso como lo es la educación universitaria gratuita no sea aprovechado en la forma correcta. Haciendo hincapié en nuestra carrera, en cualquiera de sus ramas, los datos son aún más preocupantes: es inconcebible el hecho de que cada 1.000 abogados tan sólo se gradúen 300 ingenieros en un país que lleva como bandera el fomento de la industria nacional.

En otras palabras, no es imposible pensar en alumnos más oportunistas y universidades mejor aprovechadas al mismo tiempo de engendrar ciudadanos más comprometidos con la educación.

¿Te sumás al cambio?